lunes, 20 de marzo de 2017

Editorial de sanlunes/ O secuela en fuga: "nomás le alcancé a ver la cola"

El de atrás no paga: rito erróneo de traspaso del poder

-Manuel Falcón

Ahora que hasta el mismo poder Ejecutivo combate los excesos del Poder Judicial, convendría recordar la apremiante necesidad de cortocircuitar la ya larga tradición de traspaso del poder que deja en la sombra de la impunidad a las administraciones salientes. Lo que quizá para algunos sea pacto de caballeros y voto de confianza para no revisar las maletas de los funcionarios que concluyeron sexenio o trienio, para la percepción ciudadana equivale a pacto de complicidad. ¿Cómo iniciar un nuevo periodo de poder sin evaluar al menos al anterior? No es creíble que cada comienzo sexenal o de trienio se arranque de cero. ¿O acaso el hecho de que que la administración entrante no revise nada significa por ejemplo, que el alcalde o gobernador anterior realizó todo a la perfección? La única manera de prevenir excesos de funcionarios anteriores (siempre fueron los de atrás -se infiere que el primer corrupto fue el Homo sapien$obres) es mediante la denuncia pública de dichos excesos. Dejar en la penumbra tanto el pecado como al pecador, es invitar a la próxima celebración de los pecados capitales. Usos y costumbres políticos han de ajustarse a la nueva era del ojo seco, siempre vigilante, de las redes sociales. Ya nada se olvida fácilmente: todo se registra para la posteridad en la nube (iCloud) del internet.

Al regresar al poder el PRI, tanto a nivel estatal como federal,  pecó de grave omisión al no llamar a cuentas a los predecesores gobernadores y presidentes panistas. ¿Qué tal los excesos de Emilio González Márquez? Nadie sabe qué diablos hacer con las ruinas de la Villa PANamericana ¿Cómo las costeó en su momento? ¿Cuánto endeudó a Jalisco con los innecesarios Juegos PANamericanos; cuánto presupuesto público, estatal y federal, se llevó al más allá Mario Vázquez Roña? Nadie sabe responder tampoco por el uso de Pensiones como caja chica para financiar el proyecto entonces anunciado como “nuevo Cancún” en la costa de Chalacatepec (recuérdese al cardenal Sandoval confesando a Emilio: “¿chalacatepecas, hijo?”/ “No recuerdo, padre, estaba hasta las manitas de Herradura reposado”). ¿Por qué al estrenarse como gobernador, Aristóteles no descubrió  ninguna irregularidad en la mentada gestión sexenal de González Márquez? Incluso admitió en el gabinete priista la continuidad en un grave puesto de responsabilidad como la seguridad pública, del policía todoterreno Luis Carlos Nájera ¿Por qué aguardar a que se cayera un helicóptero militar para destituirlo? Ahora que se recriminan los excesos del magistrado Barba Gómez, ¿se olvida que fue designado como tal por gestiones panistas?

“No es infrecuente” –apunta Jorge F. Malem Seña en Corrupción, racionalidad y educación moral- “que la excusa del momento político sea aducida como motivo para no tomar medidas contra la corrupción”. ¿Cuál es ese “momento político”? El del triunfo. En efecto, el ganador de una contienda electoral, ebrio del recién adquirido poder absoluto,  se pone generoso y perdonavidas con los gobernantes anteriores y en un acto de irresponsabilidad y ligereza decide echar bajo la alfombra los errores y dagas de los funcionarios perdedores. Con lo cual condena a su sexenio o trienio a cargar con la factura que dejaron los panistas cleptómanos y despilfarradores. ¿Por qué Peña Nieto no llamó a cuentas a Felipito Calderón para que justificara su inadmisible y absurda Guerra Loca contra las Drogas (“haiga-sido-como-haiga-sido”) con las terroríficas consecuencias de 200 mil muertos y 30 mil desaparecidos? Claro, el narco le cobró muy caro a Peña Nieto la factura que le correspondía a Felipe Calderón y a los gestores del PRD, en Guerrero, con los 43 incinerados de Ayotzinapa. ¿Dónde está el robocopanista  Genaro García Luna para responder por todas las irregularidades en materia de seguridad pública durante el sexenio de Tribilín Fox y del marido de Margarita Zavala? 
Urge por tanto, cortar de tajo con la trasmisión de poderes sin evaluar de inmediato a las administraciones anteriores. Sólo así se podrá prevenir y sancionar la corrupción que no se atreve a decir su nombre.