Chuza de populistas embusteros
Martes negro para el populismo en América
La capacidad de entusiasmar (con mentiras) a amplios sectores de la población, contar con seguidores agresivos, acríticos e incondicionales, no exime a los líderes populistas de rendir cuentas a la justicia cuando ésta es autónoma y no le tiene miedo al poder.
Cristina Fernández, la vicepresidenta de Argentina, fue sentenciada a seis años de cárcel e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, por fraudes en la asignación de contratos de obra pública durante su gobierno.
Hasta ahora, 15 personas, incluidos exfuncionarios y directivos de empresas constructoras de Argentina, han sido detenidas por la asignación fraudulenta de contratos.
En Washington, la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021, decidió recomendar al Departamento de Justicia imponer cargos penales a los instigadores del golpe.
Trump abdicó de su deber constitucional de defender a las instituciones, y le espera, cuando menos, la inhabilitación para siempre en puestos públicos.
Desde Nueva York llega la noticia de que la organización Trump fue hallada culpable de 17 cargos, entre ellos fraude fiscal y falsificación de registros comerciales.No son inmunes, aunque su capacidad de movilización de contingentes vociferantes y hasta violentos sea una amenaza que esgrimen contra impartidores de justicia y la estabilidad de sus países.
Cristina Fernández, como en cualquier país con sistema judicial civilizado, no tendrá prisión oficiosa hasta que se desahoguen las apelaciones que su equipo de abogados se apresta a interponer.Ella se dice “víctima de la mafia judicial”.
Los seguidores de la expresidenta y actual vicepresidenta argentina anunciaron movilizaciones que tienen por objeto “paralizar el país”.
Destaca entre las acusaciones que dieron lugar a la sentencia, que cercanos a la entonces presidenta Fernández recibieron bolsas con millones de pesos en efectivo, a cambio del otorgamiento de contratos en la industria de la construcción.
Donald Trump, por su parte, se encamina a la inhabilitación –si bien le va–, por su proceder destructivo contra las instituciones que debió defender, y no agredir.
La comisión informó que había acordado dar el paso sin indicar “quién sería el tema de las referencias”, pero resulta obvio que el Departamento de Justicia tendrá que actuar directamente contra Trump.
Los reportes desde Washington señalan que entre los posibles cargos se encuentran “conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso”.
De acuerdo con el despacho de CNN desde la capital estadounidense, “los miembros del comité coincidieron ampliamente en que el expresidente y algunos de sus aliados más cercanos cometieron un delito al impulsar una conspiración para evitar la transferencia pacífica del poder”.
Con lo acordado ayer por el comité investigador del golpe frustrado del 6 de enero del año anterior, Trump parece haber perdido cualquier posibilidad de eludir a la justicia.
El comité, compuesto por cuatro legisladores que son abogados, dejó abierto en quiénes debe recaer la responsabilidad penal de lo sucedido en esa fecha, cuando una turba de personas armadas intentó impedir que el Congreso validara el triunfo del candidato opositor, Joe Biden.
Seguramente dará los nombres en las siguientes tres semanas.
El Departamento de Justicia tendría la última palabra sobre si actuar sobre las recomendaciones del comité investigador del Congreso, o presentar sus propias evidencias ante un gran jurado y así proceder con una acusación formal.El proceso penal de ese tipo correría en paralelo a la investigación que lleva a cabo el propio Departamento de Justicia en relación con la sustracción de documentos clasificados y secretos de la Casa Blanca por parte de Trump y que fueron hallados en su residencia en Florida.
De esa manera, a las acusaciones se agregaría una adicional: espionaje.
Por ley, el comité de la Cámara de Representantes sólo puede operar durante la actual legislatura, por lo cual las remisiones criminales tendrían que ser recibidas durante las próximas tres semanas, a más tardar.
Así es que Estados Unidos se encamina a dar un ejemplo hemisférico sobre la obligación de los presidentes de defender a las instituciones.En este caso el presidente de la República alentó el ataque a una de ellas, el Congreso, por lo que habrá consecuencias.
Y desde el sur, Argentina enseña el músculo que puede tener un Poder Judicial independiente del poder político y también del poder económico.
Ahí no hay venganza: la sentenciada está actualmente en el poder.
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