jueves, 23 de enero de 2014

Caso letal

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, 
de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, 
la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales.
-Constitución Política  de los
Estados Unidos Mexicanos



 
El caso Salvemos-a-Tamayo pintaba mal desde el principio ¿Defender a un mexicano
ilegal que asesinó a un policía gringo (de tres tiros en la cabeza, con un arma que llevaba escondida en el pantalón, desde el asiento trasero de la patrulla que lo conducía a prisión por robo)? En efecto, y desde el mero campo de lo anecdótico, ¿qué había en común entre el reo mexicano, fatalmente ejecutado en Texas, el morelense Edgar Tamayo, y el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña? El mal del pinto, la jiricua, el vitiligo. Ambos, con dicha pigmentación irregular de la piel,  fueron el rostro de un episodio irregular que, de súbito, se tornó caso de agenda nacional e internacional, al alegarse a favor del condenado, que éste no había sido informado al momento de su aprehensión, de su derecho a recibir asistencia jurídica consular (*). Y los consulados dependen de la SRE. No obstante que el morelense llevaba ya veinte años en prisión, apenas a unas horas antes de la ejecución, se buscó un rescate leguleyo de última hora. En medio de la atmósfera mortuoria, cundió el sentimiento ultranacionalista: "van a matar a un compatriota/ no lo permitamos". Y la carga revanchista abrió fuego en medios y redes sociales: "¿cuántos mexicanos nomás por cruzar al otro lado, ha matado la Border Patrol? ¿Y cuántos policías gringos han sido sentenciados a la pena de muerte por esos crímenes?". Otros clamaron al cielo: "sólo Dios puede dar y quitar la vida/ Haznos el milagro". Corrieron rumores exculpatorios: "el arma no tenía las huellas dactilares de Edgar/ Tamayo estaba ebrio cuando pasaron los hechos/ El inculpado padecía de sus facultades mentales".  Se abrió una secuencia de suspenso: "el gobernador de Texas puede suspender la ejecución por inyección letal, con una simple llamada telefónica, dos segundos antes/ la Suprema Corte de EEUU puede admitir el recurso de falta de asistencia consular y ordenar que se reabra el caso". Locutores de radio y televisión se lanzaron a encuestas de bote pronto: "¿está usted a favor o en contra de la pena de muerte? El Partido Verde la propuso para secuestradores". Pero desde EEUU la perspectiva era a la inversa: en televisión aparecía la madre del policía asesinado, Guy Gaddis, avisando que presenciaría gustosa el espectáculo de la muerte de Edgar; la familia Tamayo avisó que no estaría presente. 
No hubo más qué hacer. El secretario Meade tomó un avión para alcanzar al presidente Peña Nieto en Davos, en los Alpes suizos. Los texanos, henchidos de orgullo, respiraron aliviados: se hizo justicia o la venganza fue justa ¿Cabe apuntar lo obvio?  La abolición de la pena de muerte sólo será posible mediante una intensa campaña internacional en el marco de los Derechos Humanos. Se olvida que en EEUU (after las Torres Gemelas), en el razonamiento de la pena capital, opera también la lógica -aunque invertida- de mercado, nothing personal just business: costo- beneficio. Es decir, que el castigo (costo) sea mucho más alto que el beneficio que se pueda obtener al cometer un delito. En el caso de Tamayo, el altísimo costo (la muerte) es además simbólico: ningún perdón al extranjero que atente contra un guardián estadounidense del orden. ¿Conclusión? Desquite simbólico:  Los (feroces) Tigres del Norte compusieron un corrido para Edgar. (MFM)
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(*)   "Un mexicano en apariencia culpable, en manos de un defensor de oficio hostil e incompetente, sin traductor, sin apoyo de su familia o de los funcionarios consulares mexicanos, puede no gozar del debido proceso que tendría si contara con todas estas prerrogativas. Si Florence Cassez hubiera tenido acceso al Consulado de Francia desde el primer momento de su arresto, otro gallo hubiera cantado. Por eso la ministra Olga Sánchez Cordero insistió tanto en este tema en su ponencia ante la SCJN a principios del 2013. Si Edgar Tamayo hubiera contado con la traducción, la asesoría legal y el apoyo en general del Consulado de México en Houston, quizás de igual manera hubiera sido condenado, más no a la pena capital, con la que concluyó su vida."
-fragmento de Viena, Tamayo y Cassez de Jorge G. Castañeda

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